La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar en el ojo del huracán.
Esta vez no se trata de su gestión de la crisis del covid-19, sino porque se ha descubierto que hace dos meses que reside en un hotel de lujo del centro de la capital de España y se especula con un supuesto trato de favor.
Díaz Ayuso ocupa desde hace casi dos meses la octava y última planta de un edificio en el céntrico barrio de Ópera, uno de los más caros de la ciudad.
Se trata de la Royal Suite Skyline del complejo turístico BeMate Plaza de España. Tiene 88 metros cuadrados, más otros 100 repartidos en dos terrazas desde las que se puede contemplar el Palacio Real de Madrid o la Casa de Campo.
La presidenta madrileña ocupó esta vivienda el pasado 17 de marzo, tres días después de que se decretase el confinamiento de la población en España para luchar contra la propagación del coronavirus, y un día después de que la propia Díaz Ayuso diera positivo a este nuevo patógeno.
Estoy fuera de mi vivienda habitual para no contagiar a los vecinos, dijo entonces.
No obstante, Díaz Ayuso ha sido desmentida por la empresa dueña del aparhotel, Room Mate, propiedad de Kike Sarasola, empresario afín a la formación política de la presidenta, el Partido Popular (PP).
En un comunicado, Room Mate ha asegurado que se acordó dar servicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid “antes del inicio del Estado de Alarma”, que comenzó el 14 de marzo.
¿Quién lo paga?
Según confirmó el propietario del hotel, el precio de la estancia en esa suite ascendía a 200 euros al día, pero habían bajado su tarifa hasta los 80 euros diarios al tratarse de una estancia de larga duración.
Es decir, su coste ha pasado de los 6.000 euros mensuales a menos de la mitad, 2.400.
Empero, la Comunidad de Madrid hasta el momento solo ha declarado que la estancia de su presidenta en el hotel “no ha generado ningún coste” para el erario público.
Si se tratara de un regalo, sería motivo de dimisión, según se explicita en el código ético del Partido Popular y también estaría prohibido por el de la Comunidad de Madrid.
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